“Don’t look back and be the guy, ‘Well, if I had just done this or that, I maybe could have done great things,’” he said.
Las disposiciones de financiamiento “reflejan un esfuerzo por censurar el discurso y los servicios protegidos constitucionalmente que promueven DEI y reconocen la existencia de individuos transgénero”, escribió Tigar.Continuó diciendo que el poder ejecutivo debe seguir estando sujeto a la Constitución al dar forma a su agenda y que incluso en el contexto de subsidios federales, “no puede convertir en arma los fondos asignados por el Congreso para señalar a comunidades protegidas para un trato desfavorable o suprimir ideas que no le gustan o que ha considerado peligrosas”.
Los demandantes incluyen centros de salud, grupos de servicios LGBTQ+ y la Gay Lesbian Bisexual Transgender Historical Society. Todos reciben financiamiento federal y dicen que no pueden completar sus misiones siguiendo las órdenes ejecutivas del presidente.The San Francisco AIDS Foundation, uno de los demandantes, dijo que en 2023 recibió una subvención de cinco años de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para expandir y mejorar los servicios de salud sexual, incluida la prevención de infecciones de transmisión sexual. El proyecto de 1,3 millones de dólares se dirige específicamente a comunidades desproporcionadamente afectadas por disparidades en la salud sexual.Pero en abril, el CDC informó a la organización sin fines de lucro que debe “terminar inmediatamente todos los programas, personal, actividades o contratos” que promuevan DEI o la ideología de género.
El presidente Donald Trump ha firmado una serie de órdenes ejecutivas desde que asumió el cargo en enero, incluidas algunas para revertir protecciones transgénero y detener programas de DEI. Los abogados del gobierno dicen que el presidente está autorizado a “alinear las estrategias de financiamiento y aplicación del gobierno” con sus políticas.Los demandantes dicen que el Congreso —y no el presidente— tiene el poder de condicionar cómo se utilizan los fondos federales, y que las órdenes ejecutivas restringen los derechos de libertad de expresión.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.. And the IAEA’s work in any case will make the Vienna-based agency a key player.
Here’s more to know about the IAEA, its inspections of Iran and the deals — and dangers — at play.The IAEA was created in 1957. The idea for it grew out of a 1953 speech given by U.S. President Dwight D. Eisenhower at the U.N., in which he urged the creation of an agency to monitor the world’s nuclear stockpiles to ensure that “the miraculous inventiveness of man shall not be dedicated to his death, but consecrated to his life.”
Broadly speaking, the agency verifies the reported stockpiles of member nations. Those nations are divided into three categories.The vast majority are nations with so-called “comprehensive safeguards agreements” with the IAEA, states without nuclear weapons that allow IAE monitoring over all nuclear material and activities. Then there’s the “voluntary offer agreements” with the world’s original nuclear weapons states — China, France, Russia, the United Kingdom and the U.S. — typically for civilian sites.