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Pese a los esfuerzos del INE, analistas consultados por The Associated Press coincidieron en que el proceso quedó marcado desde su origen por la política, ya que las propias elecciones judiciales son fruto de una reforma muy controvertida que impulsó el oficialismo y sus aliados cuando Andrés Manuel López Obrador aún era presidente.Fue fuertemente cuestionada como una vía que podría politizar la justicia, pese a que el gobierno la defendió precisamente como una forma de combatir la corrupción judicial. López Obrador fue un abierto crítico del ente electoral y, durante su mandato, redujo el presupuesto del INE.
La reforma al sistema de elección de jueces fue, por tanto, unapara quien la votación del domingo será ahora determinante a la hora de medir su poder de convocatoria. Si bien los partidos políticos no pueden promover a ningún candidato, desde el gobierno se ha insistido a sus seguidores a participar en la votación.“Será un indicador para ver qué tanto control y tanta fuerza tiene la presidenta en el interior del partido y también qué tanto peso e influencia tienen en los estados”, apuntó el politólogo y consultor político Javier Rosiles Salas.
que llegan avalados por el oficialismo —que salieron— representan más del doble que los respaldados por sus críticos, esto es, por el mismo entorno judicial. Las candidaturas se definieron a través de tres comités, uno del Poder Judicial, otro del Ejecutivo y un tercero del Legislativo.
Los listados de los dos últimos comités estuvieron integrados por personas afines al partido gobernante Morena que dominaron la selección de la mayoría de los aspirantes, afirmó el profesor de Ciencias Políticas y Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el doctor Julio Ríos Figueroa.
Eso llevó a que entre los perfiles que irán en las papeletas figuren jueces y abogados que han mostrado cercanía con anterioridad al partido de gobierno Morena, como María Estela Ríos, que fue consejera jurídica del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador; o Paulina García Villegas, hija de la diputada oficialista Olga Sánchez Cordero así como exlegislador local de Morena Eduardo Santillán Pérez. Los tres aspiran a ministros de la Suprema Corte.from drinking water and other MAHA agenda items.
Casey Means has no government experience and dropped out of her surgical residency program, saying she became disillusioned with traditional medicine. She founded a health tech company, Levels, that helps users track blood sugar and other metrics. She also makes money from dietary supplements, creams, teas and other products sponsored on her social media accounts.In interviews and articles, Means and her brother describe a dizzying web of influences to blame for the nation’s health problems, including corrupt food conglomerates that have hooked Americans on unhealthy diets, leaving them reliant on daily medications from the pharmaceutical industry to manage obesity, diabetes and other chronic conditions.
Few health experts would dispute that the American diet — full of— is a contributor to obesity and related problems. But Means goes further, linking changes in diet and lifestyle to a raft of conditions including infertility, Alzheimer’s, depression and erectile dysfunction.