内容摘要：Israel puso fin al alto el fuego en marzo después de que Hamás se negara a modificar el acuerdo para liberar más rehenes más pronto. Los ataques israelíes han matado a miles de palestinos desde entonces, según el Ministerio de Salud de Gaza.

Israel puso fin al alto el fuego en marzo después de que Hamás se negara a modificar el acuerdo para liberar más rehenes más pronto. Los ataques israelíes han matado a miles de palestinos desde entonces, según el Ministerio de Salud de Gaza.

The Dutch TV journalists had linked up with leftist rebels and planned to spend several days behind rebel lines reporting. But Salvadoran soldiers armed with assault rifles and machine guns ambushed them and the guerrillas.The prosecution of the men was reopened in 2018 after the Supreme Court declared unconstitutional a general amnesty passed following the 1980-1992 war.

It moved slowly, but in March 2022, relatives of the victims and representatives of the Dutch government and European UnionThe United Nations Truth Commission for El Salvador, which was set up as part of a U.N.-brokered peace agreement in 1992, concluded there was clear evidence that the killings were the result of an ambush set up by Reyes Mena with the knowledge of other officials, based on an intelligence report that alerted of the journalists’ presence.Other members of the military, including Gen. Rafael Flores Lima and Sgt. Mario Canizales Espinoza were also accused of involvement, but died. Canizales allegedly led the patrol that carried out the massacre of the journalists.

Juan Carlos Sánchez, of the nongovernmental organization Mesa Contra la Impunidad, in comments to journalists, called the trial a “transcendental step that the victims have waited 40 years for.”An estimated 75,000 civilians were killed during El Salvador’s civil war, mostly by U.S.-backed government security forces.

The trial was closed to the public.

Follow AP’s coverage of Latin America and the Caribbean atNEWARK, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — El alcalde de Newark, Ras Baraka, demandó el martes a la principal fiscal federal de Nueva Jersey por su arresto en un centro de detención de inmigrantes, alegando que la funcionaria designada por Trump estaba impulsando el caso por venganza política.

Baraka, quien lidera la ciudad más grande de Nueva Jersey, es uno de los candidatos a la nominación demócrata para gobernador el próximo martes. La demanda contra la fiscal Alina Habba coincidió con el día en que comenzó la votación anticipada en persona.La demanda busca daños por “arresto falso y enjuiciamiento malicioso”, y también acusa a Habba de difamación por comentarios que hizo sobre su caso, que luego fue desestimado.

Citando una publicación en X en la que Habba dijo que Baraka “cometió invasión ilegal de propiedad”, la demanda afirma que Habba emitió una “declaración difamatoria” y autorizó su “arresto falso” a pesar de “evidencia clara de que el alcalde Baraka no había cometido la ofensa menor de ‘flagrante invasión ilegal’”. La demanda también nombra a Ricky Patel, el agente de Investigaciones de Seguridad Nacional a cargo en Newark. La abogada de Baraka, Nancy Erika Smith, dijo que también esperan demandar a la administración del presidente Donald Trump, pero están obligados a esperar seis meses.“Esto no se trata de venganza”, declaró Baraka durante una conferencia de prensa. “En última instancia, creo que se trata de que ellos asuman la responsabilidad por lo que me ha sucedido”.