and barely a week after a man who also yelled “Free Palestine” was charged with
“No es un candidato indígena”, matiza otro abogado mixteco, Francisco López Bárcenas, académico un centro público de ciencias sociales que trabajó con él hace décadas. “Es un indígena que resultó candidato”.Aguilar es originario de San Agustin Tlacotepec, una localidad del sureño estado de Oaxaca, donde vivió la exclusión y las injusticias, según él mismo ha contado durante su campaña.
En los años 90, cuando salía de sus clases de Derecho se iba a colaborar con una organización de derechos humanos local, SERmixe, recuerda Sofía Robles, integrante de ese colectivo y una década mayor que él.“Tenía muchas inquietudes... y convicción”, comentó. “Desde el inicio, tenía bien claro de dónde venía”.Durante años, su trabajo fue ampliamente reconocido por su destreza no solo para defender temas indígenas y agrarios, sino también en el ámbito constitucional, donde tiene una maestría y ha asesorado a organismos internacionales como la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas.
Aguilar trabajó en favor de las reformas constitucionales que se lograron tras el levantamiento armado zapatista de 1994 en Chiapas, que reconoció derechos básicos para la población indígena como la conservación de su lengua y su cultura, elegir a sus autoridades o mejoras en salud y educación.No solo eso, consideró que esos cambios no eran suficientes y lideró junto a otros abogados — como López Bárcenas— cientos de controversias constitucionales con el argumento de que las reformas no contemplaban derechos reconocidos por México en tratados internacionales. La Suprema Corte resolvió entonces con cinco palabras, recuerda el académico: “No tienen competencia para reclamar”.
Robles, su antigua compañera, confía ahora en que lleve ese ímpetu al alto tribunal. “Para muchos... es una esperanza”, afirmó. “Va a ser un ejemplo para las generaciones actuales y futuras”.
Tras colaborar en varios puestos del gobierno de Oaxaca, Aguilar se sumó a la ola de activistas que respaldaron el proyecto de cambio de la administración de López Obrador, la llamada “Cuarta Transformación”, que a mediados de su mandato comenzó a ser cada vez más cuestionada por intelectuales y académicos que la habían apoyado, entre otras cosas, por las críticas del ahora expresidente a muchos movimientos sociales o problemas de falta de transparencia y militarización del país.The federal complaint charges them with robbery, assault and theft of government property. They also face investigation on state charges of unlawful possession of incendiary devices, short-barreled rifles and a machine gun. Each was being held at the Thurston County Jail on $500,000 bail.
Agents found rifles staged at the upstairs windows, a probable cause affidavit filed in Thurston County Superior Court said. The federal complaint said agents “observed numerous Nazi/white supremacy memorabilia, murals, and literature in every bedroom and near several stockpiles of weapons and military equipment.”Photos from inside the home included in court documents showed a wall decorated with a red Nazi flag emblazoned with a black swastika and a black SS flag — the letters shaped like lightning bolts — referencing the Schutzstaffel, the Nazi paramilitary led by Heinrich Himmler.
According to the complaint, a soldier entered a building at the Army Ranger compound at Joint Base Lewis-McChord on Sunday night and found two men, partially masked, with a cluster of U.S. Army property around them. The soldier questioned them about what they were doing and told them to pull down their masks, which they did.A fight ensued, and one of the men brandished a hammer and struck the soldier in the head. The soldier continued to fight despite losing a large amount of blood and managed to get control of the hammer — at which point, one of the men pulled a knife. The soldier then let them go, the complaint said.